LatinoamericaAmenazas y controles al espacio cívico
En esta nueva edición de Civic Space Guardian nos metemos de lleno en algunos de los debates regulatorios actuales en torno a un tema clave para la democracia en la región: los principios que deben regular el uso de la fuerza pública y el rol de las fuerzas armadas en la seguridad interna.
En Ecuador, la Asamblea sancionó una ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas. El poder ejecutivo la observó parcialmente, pero el legislativo insistió en el texto original. ¿Cuáles son los puntos en discusión?
En Perú, el Congreso aprobó, también por insistencia, una reforma de la norma que regula el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en el territorio nacional. A partir de ahora, estas solo podrán prestar apoyo a la policía cuando medie una declaración de estado de emergencia. El poder ejecutivo plantea que la nueva ley podría derivar en una suspensión desmedida de derechos fundamentales.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su intención de transferir por decreto a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. La definición del carácter civil de este cuerpo fue uno de los mayores logros de la oposición y de la sociedad civil cuando se debatió el proyecto de creación hace apenas 3 años. Sin embargo, el balance hasta ahora arroja algunas sombras.
En Guatemala, entró en un impasse un proyecto de ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del ejército y la regulación de su actuación en contextos de protesta social. La oposición plantea que la ambigüedad del texto podría terminar abriendo la puerta al uso discrecional de la fuerza.
Colombia podría sumarse pronto a estas discusiones si avanza la reforma policial, un tema clave de la agenda del nuevo gobierno. Se espera que en breve ingrese al Congreso un proyecto de ley para transferir la Policía Nacional de la cartera de Defensa de la cual depende actualmente a un nuevo Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad. La reforma del ESMAD también está en estudio pero aún no se brindaron precisiones.
La Asamblea de El Salvador extendió por quinta vez el régimen de excepción que rige desde finales del mes de marzo. Como venimos analizando en artículos anteriores, es usual que la Constitución de un país contemple la posibilidad de suspender garantías ante situaciones de excepcional gravedad, pero ¿cuál es el límite en el uso de estas facultades?
La libertad de asociación ha sido sistemáticamente coartada en Nicaragua y Venezuela, pero la situación parece no tocar fondo.
Una ley recientemente aprobada habilita al gobierno nicaragüense a cancelar organizaciones sociales sin pasar por la Asamblea, lo que en rigor no ha sido hasta ahora un impedimento. Ya suman 1800 las instituciones que perdieron la personería jurídica.
La Asamblea venezolana reactivó un proyecto de larga data, la Ley de Cooperación Internacional. En caso de sancionarse, el gobierno podría prohibir, suspender o eliminar a organizaciones locales o internacionales si considera que usan fondos internacionales para “afectar el desarrollo integral de la nación”.
México encabeza el dramático récord de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. La ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas sancionada en 2012 ha tenido resultados limitados, mientras que los proyectos para reformarla no han avanzado en el Congreso. Ahora la Secretaría de Gobernación está encarando una nueva iniciativa que debería ingresar a Diputados antes de fin de año. ¿A qué apunta el gobierno?
Civic Space Guardian (CSG) es una herramienta diseñada por DL para monitorear regulaciones y proyectos de ley con impacto en la libertad de expresión, de reunión, de asociación, el acceso a la información pública, el derecho a la privacidad y la participación ciudadana en asuntos públicos. El monitoreo se realiza en 18 países de América Latina y el Caribe.